La morosidad reduce la competitividad de las empresas, ya que incrementa los costes de financiación y puede suponer la pérdida de oportunidades empresariales o de inversión atractivas, en ámbitos como la transición ecológica y digital. Esto afecta sobre todo a las PYMES, porque dependen de flujos regulares y previsibles de efectivo para desempeñar su actividad.
Una de las principales causas de la morosidad son las diferencias en el poder de negociación entre un cliente grande o más poderoso (deudor) y un proveedor más pequeño (acreedor). A menudo, esto hace que los proveedores se vean obligados a aceptar condiciones de pago abusivas.
Para abordar este problema, la Comisión propone un nuevo Reglamento que busca implementar medidas efectivas contra la morosidad en las operaciones comerciales. Esta revisión tiene por objeto aportar equidad a las operaciones comerciales, aumentar la resiliencia de las PYMES y las cadenas de suministro, fomentar un uso más generalizado de la digitalización y mejorar la cultura financiera de los empresarios.
Por un lado, establece un plazo límite de pago de 30 días para todas las operaciones comerciales, entendiéndose como tal todo acuerdoentre empresas o entre empresas y poderes públicos que resulte en la entrega de bienes o la prestación de servicios a cambio de una contraprestación.
Por otro lado, sugiere que el pago de intereses sea automático y obligatorio hasta la deuda sea saldada. Esto implica que el acreedor ya no tendrá la responsabilidad de reclamar los intereses, ya que esta tarea recae automáticamente en los deudores en caso de demora en el pago.
Estos cambios pretenden fortalecer la seguridad financiera de las empresas, promoviendo prácticas justas y asegurando que las empresas, en especial las PYMES, puedan competir en igualdad de condiciones en el mercado interior.
